Un total de 177.070 proveedores se beneficiarán del mecanismo extraordinario de pago a proveedores de facturas pendientes por las entidades locales en el conjunto de España, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De estos 177.070 proveedores, dos tercios corresponden a pymes (63.543) y autónomos (50.259).
A partir de ahora, los proveedores tienen que acudir a los ayuntamientos que les adeudan para que les informen si están incluidos en la relación de facturas enviadas por las entidades locales, que están obligadas a atenderles. Los proveedores que no consten en la lista podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual. El certificado individual se expedirá en un máximo de 15 días. Si pasado este plazo no hay respuesta, se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio positivo.
Los ayuntamientos tendrán que comunicar, en los cinco primeros días de abril y mayo, los certificados, rechazados y no contestados. Por lo tanto, en abril y mayo habrá dos revisiones a estos datos, que de momento, son provisionales.
Esta operación se dice tendrá un efecto directo sobre el empleo, ya que contribuirá a la creación y al mantenimiento de hasta 100.000 puestos de trabajo, según el Ministerio de Hacienda.
Con este mecanismo se pretende un triple objetivo, según el Gobierno: resolver el problema grave de impagos a proveedores; realizar una fuerte inyección de liquidez a la economía productiva, que supondrá un estímulo dinamizador de la actividad económica, en especial a las Pymes y autónomos, y resolver el problema de deudas de las Entidades Locales que impiden su normal funcionamiento.
Los pilares fundamentales sobre los que descansa la articulación de este mecanismo son los siguientes:
- Pago inmediato a proveedores.
- Refinanciación de la deuda a Entidades Locales en un plazo de diez años, con dos de carencia, para garantizar la viabilidad de la reestructuración. En el período de carencia solo deben pagarse los intereses
- Plan de ajuste para garantizar que las Entidades Locales acomodan sus ingresos y gastos a una senda sostenible
- El interés será el del Tesoro más 115 puntos básicos (podría situarse sobre el 5 %).
Pero no es oro todo lo que reluce. Quedan muchos flecos a los que la ley no puede dar respuesta. A continuación enumeramos unos cuantos:
¿Qué ocurre con las empresas que han cerrado, a causa de estas deudas? ¿Quién puede solicitar el pago si sus órganos de administración ya no existen?
¿Qué pasa con las facturas que no han sido reconocidas por los ayuntamientos y comunidades autónomas, y las facturas cuyo importe o condiciones están en discusión?
¿Qué pasa con las facturas aprobadas por el gobierno anterior de determinados ayuntamientos, que siguen en el cajón de los gobiernos actuales sin conformar?
Estas y otras muchas preguntas no las soluciona la actual disposición, y veremos mucha casuística, así como picaresca de los ayuntamientos. Ya se han visto inclusiones de facturas actuales en estos créditos ICO, que los ayuntamientos habían acordado pagar con cargo a su tesorería actual. Esto supone una demora sin razón para los proveedores recientes, e indica una vuelta a las causas que ocasionaron el desastre.
Esta medida es excepcional, pero no garantiza que esto no pueda volver a ocurir en el futuro.
Una pregunta que se hacen muchas Pymes, y que nos sirve para reflexionar sobre la gravedad de este asunto, a la que al menos este gobierno ha dado una respuesta. ¿Qué hubiera pasado si nuestras empresas hubiesen procedido de la misma manera con nuestros proveedores, o que hubiera sucedido si de la misma forma las empresas no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias con la misma alegría e impunidad que lo ha hecho la administración?
Esperemos que esta medida sea algo definitivo, y sirva para que esta situación no vuelva a ocurrir nunca más, y que las Pymes aprendan que la administración es uno más de nuestros clientes, y tiene que merecer nuestra confianza como cualquier otro.
Rosa Díaz, socia fundadora del Grupo EXEQUA, consultora especializada en empresa familiar, inteligencia emocional y coaching.

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Aunque la Ley es bastante buena, no llegara a solucionar los problemas futuros con la Administración, los futuros mandatarios olvidaran el problema surgido en años anteriores y volveremos a repetir esta triste historia que ha acrecentado la crisis y arruinado a muchas pequeñas y medianas empresas.
Debería incluirse otras medidas económicas para que se volvieran a repetir estos casos: garantías de fechas de pago en la Administración, reconocimiento del valor y fecha de los pagos emitidos en talón o pagarés por los clientes y un mayor control sobre los modos operativos de las entidades financieras.